La Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) es la ley más importante de las que se debaten en las Cortes cada año, y lo es porque en ella se programa y determina por donde va a ir la política (en sanidad, en educación, en pensiones, en obras etc.) del Gobierno en ese año.
Cada año, sin embargo, tiene sus peculiaridades y por tanto requiere unos PGE adecuados a las necesidades concretas de ese año, aunque haya proyectos que requieran, para su ejecución, más de un año. En el tiempo y año presentes, el de 2021, España está sometida a tres crisis por falta de una: crisis sanitaria, crisis económica y crisis institucional, por lo que los PGE que se elaboren han de procurar/intentar dar solución a esta triple crisis o, al menos, a la económica.
Antes de llegar los PGE a las Cortes han de cumplirse unos tramites y requisitos que, de una parte, permiten irlos perfeccionando y, de otro, anticipan las líneas generales de la política que se quiere llevar a cabo en ese año.
En este momento el Gobierno ha elaborado un Proyecto de PGE y un Plan Presupuestario que ha de remitir a la Unión Europea quien les ha de dar el visto bueno o, por el contrario, les pondrá los reparos pertinentes. Ese proyecto de Presupuestos ha entrado en las Cortes para su debate y aprobación si cuenta con la mayoría suficiente.
En estos PGE que se han comenzado a tramitar en el Congreso hay algunos rasgos que queremos señalar y dar a conocer:
A) Alcanzar una recaudación de 493.838 millones de euros, lo que supone un incremento de 33.447 millones con respecto a 2020 y ello a través de: 1) Incrementar los ingresos hasta un total de 6.487 millones de euros por medio de: a) Nuevos impuestos (la tasa Google que gravará la actividad económica de las grandes empresas tecnológicas allí donde operan, y no donde está su sede fiscal; la Tasa Tobin que gravará la actividad bancaria y no afectará al consumidor sino a la entidad; impuesto a los plásticos de un solo uso y otros productos verdes); b) Aumento de algunos impuestos: el IVA de las bebidas azucaradas que pasará del 10 al 21%; y c) Adopción de Medidas de lucha contra el fraude fiscal mediante la aplicación de la vigente Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que suponen un refuerzo de las medidas en uso con lo que espera combatir la economía sumergida y obtener 828 millones de euros.
B) En que se gastarán esos ingresos, según el Gobierno: a) En fortalecer el Estado de Bienestar: la revalorización de las pensiones en el 0,9% en 2021, para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, lo que supondrá un coste de 1.439 millones de euros. A este respecto, el Gobierno ya ha anunciado la transferencia al sistema de la Seguridad Social de 13.929 millones de euros para hacer frente al mayor nivel de gastos por el pago de pensiones. El Gobierno considera que “una vez finalizada la vigencia de muchas de las medidas adoptadas para combatir los efectos ocasionados por el Covid», los ingresos por cotizaciones sociales se recuperarán “significativamente”, hasta alcanzar el 13% del PIB; b) aumento gradual del permiso de paternidad de 12 a 16 semanas, con la equiparación con los permisos de maternidad y el impacto del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se prevé consolidar el próximo año.
C) Reducción de gasto público en 2021 en relación con el PIB en cuestiones básicas como Educación, Sanidad, empleo y servicios públicos. Concretamente en Educación el gasto bajará un 4,8%; en Sanidad, en Sanidad se reducirá 7 décimas lo que supone un 6,9% del PIB; en empleo se pasará desde el 4,3% del PIB al 3,2% en 2021; y en gasto público de los servicios públicos generales, hasta el 5,7% del PIB; en orden público y seguridad, hasta el 2,1%; en asuntos económicos, con ocho décimas menos hasta el 4,8% del PIB y en protección del medio ambiente (1%).
Hasta aquí, podríamos decir, la “versión oficial” o “propaganda” del Gobierno, pero la realidad es que este plan Presupuestario es sumamente optimista en cuanto a las previsiones tanto de ingresos, como de déficit, de paro y de deuda, y no es compartida por los organismos internacionales ni por los servicios de estudios privados que son, sin duda más fiables, cuanto menos por menos interesados. Por ello, ante este documento presupuestario nos surgen multitud de dudas que queremos compartir con los lectores: nos dice el Gobierno que el aumento de los ingresos públicos se alcanzará por la mejora de la economía y la actividad y, en menor medida, por las medidas fiscales que se aplicarán a partir del próximo ejercicio ¿Puede justificarse ese optimismo gubernamental teniendo en cuenta los efectos de la Covid-19 en la actividad económica y, consecuentemente, en el paro?¿Cómo es posible prever un crecimiento económico cuando los concursos de acreedores están esperando la llegada del 1 de enero para iniciarse, y cuando 1 de cada 5 empresas está en quiebra técnica, al igual que muchas familias y empresas que cada vez están más endeudadas? Con esta realidad ¿vamos a batir un record de recaudación?
Dice el Gobierno, también, que no habrá subida de impuestos para las clases medias sino solo para los ricos pero nosotros nos preguntamos: ¿Quién va a pagar la subida del IVA de las bebidas azucaradas: solo los ricos o todos los que toman zumos en nuestra sociedad y aquellos que producen remolacha? ¿Se justifica la subida diciendo que de lo que se trata es de que no consumamos ese tipo de bebidas por ser perjudiciales para la salud? Igual podemos decir del impuesto a los envases de plástico ¿lo van a pagar solo los ricos o todas las personas que los utilicen? Y ello aunque se nos justifique que la subida se debe a la lucha por el cambio climático.
Siguiendo con el análisis de los datos el Gobierno, en su plan macroeconómico, nos dice que el déficit será del 11,2% aunque los organismos internacionales lo eleven al 14% del PIB. Nos dice, también, que la deuda pública llegará al 118% cuando el Fondo Monetario Internacional la calcula en un 120%. En la misma línea el Gobierno prevé solo un 17,1% de paro y nosotros nos preguntamos ¿como es posible ese paro si tenemos 90.000 empresas menos y 750.000 trabajadores en ERTE?. Abundando en su optimismo, el Gobierno asegura que el PIB previo a la pandemia se recuperará a finales de 2022.
En su plan Presupuestario el Gobierno no dice nada, sin embargo, de ¿Cómo se pagarán los 100.000 millones de los créditos ICO que deben las empresas? ¿Cómo se producirá la recuperación de la industria turística con la intensidad que se necesita? ¿Cómo se recuperarán los comercios que se han destruido? Mucha gente se está empobreciendo día a día teniendo que asumir pagos sin disponer de ingresos por la vía inquietante de fundirse sus ahorros o endeudarse. A estas alturas no soy capaz de saber cuáles son esos sectores que el gobierno espera que actúen como motores del crecimiento económico que nos anuncia o “me consuelo” con el dicho del torero: LO QUE NO PUEDE SER, NO PUEDE SER Y, ADEMÁS ES IMPOSIBLE.
Juan Antonio Callejas Cano
- Diputado nacional por Ciudad Real
- Grupo Parlamentario Popular
- Portavoz del Partido Popular en la provincia de Ciudad Real.
@jacallejascano
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