La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, y la portavoz en la comisión de igualdad, Laura Berja, han remitido al Ministerio de Justicia de Pilar Llop más de diez enmiendas contra la Ley Trans con la idea de hacerla “más garantista”, según fuentes parlamentarias del partido.

En el Ministerio de Justicia confirman que han recibido estos textos alternativos y que la ministra, Pilar Llop, está revisándolos junto con su equipo para dar “más seguridad jurídica a la norma” pero evitan dar más detalles. Lo que parece claro es que las enmiendas irán más allá de la violencia “intragénero” que, en un primer momento, anunciaron que es lo único que retocarían.

Tocar la autodeterminación en menores

La prioridad del PSOE es modificar el artículo 65. En el grupo parlamentario afirman que “tienen dudas” sobre este aspecto. Se trataría de eliminar la equiparación de la “violencia intragénero” con la “violencia de género”. En esto sí podría haber acuerdo con Igualdad. En principio, Irene Montero no tendría ningún problema en modificar ese aspecto de la ley y Unidas Podemos tampoco pondría pegas.

Más complejo es modificar uno de los aspectos de la autodeterminación de género. Igualdad lo ha puesto como línea roja y no quiere cambios. El texto permite que los menores, de 12 a 14 años, puedan cambiar de sexo en el registro con autorización judicial. Entre los 14 y 16 con permiso paterno. A partir de esa edad, no sería necesario ningún aval. Algunos sectores feministas del PSOE se han inclinado por extender hasta los 18 la autorización judicial, en línea con el dictamen del Consejo de Estado y que fue eludido por Irene Montero. Entre las enmiendas presentadas, finalmente, se pedirá que los menores de 16 años y mayores de doce tengan que contar con autorización judicial.

Mientras, otra de las enmiendas busca endurecer la reversibilidad del cambio de sexo en el registro. Para hacerlo, piden que sea necesaria una aprobación judicial. El proyecto de ley se limita a contemplar que puede solicitarse a partir de los seis meses siguiendo el mismo procedimiento, sin intervención judicial alguna.

¿Irá al Constitucional?

En los últimos días, el PSOE ha justificado sus cambios para “dar más seguridad” en previsión de una querella del PP y Vox ante el Constitucional. “Queremos dar seguridad jurídica a la ley, sabemos que acabará recurrida“, han expresado fuentes parlamentarias. Una manera de cohesionar a sus grupos ante la amenaza de un enemigo externo: la derecha.