Cuando los sobres pesan menos que el hambre de un pobre, algo está podrido en nuestra justicia.
Es difícil de entender y más aún de aceptar que, después de meses de investigaciones de la UCO, de pruebas documentadas sobre movimientos de dinero opacos, sobres con efectivo y testimonios que apuntan directamente a los responsables, Koldo García y José Luis Ábalos sigan en libertad.
No hablamos de rumores ni de titulares sensacionalistas. Hablamos de informes oficiales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que describen con detalle un entramado de cobros, favores y enriquecimiento personal a costa del dinero público.
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Y aun así, el juez decide no aplicar prisión preventiva. Ni siquiera una fianza ejemplar. Solo medidas cautelares, retirada de pasaporte y una apelación casi litúrgica a la “presunción de inocencia”.
El mensaje es claro: cuando se trata de los poderosos, la justicia se vuelve comprensiva.
En España conviven dos realidades judiciales que ya nadie puede negar.
Por un lado, la de los que no tienen nada, los que roban comida o pañales porque no pueden más, y terminan detenidos, juzgados y, muchas veces, encarcelados.
Por otro, la de quienes lo tienen todo: los que manejan sobres, influencias y cuentas ocultas, y siguen libres mientras sus abogados diseñan estrategias para ganar tiempo.
Un trabajador sin recursos apenas puede pagar un abogado de oficio; un exministro dispone de bufetes de lujo y contactos en todos los despachos. Uno enfrenta la justicia, el otro la esquiva. No es una sensación popular. Es una realidad documentada.
Y cada nuevo caso como el de Ábalos o Koldo desgasta la confianza ciudadana en la justicia y en las instituciones. Pruebas hay, lo que falta es voluntad. La UCO ha sido clara: más de 95.000 euros en gastos sin justificación bancaria, ingresos en efectivo sin origen conocido, y testimonios que apuntan a pagos de comisiones ilegales.
Si esos indicios afectaran a un ciudadano cualquiera, la prisión preventiva sería inmediata. Pero cuando los implicados tienen pasado político y padrinos en los círculos del poder, el sistema parece doblarse para no incomodar.
Y aquí está la pregunta que nadie responde: ¿Por qué se protege a quienes ya abusaron de la confianza pública? . La decisión judicial de mantenerlos en libertad no es una simple medida técnica. Es una declaración de privilegio. Envía un mensaje inequívoco: que la ley no pesa igual para todos, que la corrupción puede ser rentable, y que tener poder o contactos es la mejor póliza de seguro judicial.
Mientras tanto, los pequeños delitos, los de los débiles y los desesperados, siguen castigándose con severidad. Ahí no hay presunción de inocencia ni comprensión humana.
La desigualdad no es solo económica. Es moral y jurídica, y cuando la justicia se convierte en un escudo para los poderosos, el Estado de derecho se degrada hasta volverse una caricatura.
Nadie pide linchamientos. Nadie reclama justicia a golpe de titular, pero sí se exige coherencia.
Si las pruebas son contundentes, si los indicios son sólidos, la libertad provisional resulta un insulto al sentido común.
Los jueces no pueden ser meros espectadores del descrédito institucional.
Tienen el deber de garantizar que la ley sea igual para todos, no solo para los que pueden pagar su interpretación.
El caso Koldo/Ábalos no es un accidente. Es un síntoma. El síntoma de una justicia que ya no es ciega, sino que mira hacia otro lado cuando el acusado lleva corbata y poder. Mientras las cárceles sigan llenas de pobres y vacías de corruptos, España no podrá presumir de justicia, solo de hipocresía.Porque cuando la justicia pierde la vergüenza, la democracia empieza a perder el alma.
Joaquín G.Cuevas Holgado.
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