La reciente celebración del 42º aniversario de la Constitución de 1978, la vigente en España en nuestros días, es una ocasión excelente para hacer algunas reflexiones en unos momentos en que esa Constitución está siendo atacada por algunos partidos políticos en aspectos que son sustanciales a la misma.
La primera consideración es que todas las Constituciones españolas que han estado vigentes, desde la primera, que fue la de 1812, han sido elaboradas y aprobadas por uno de los partidos del momento sin contar con la oposición, o mejor, una parte de los españoles -los del gobierno de turno- ha impuesto su punto de vista político sobre la organización de España a los demás, es decir, sin buscar ningún tipo de consenso. El resultado, como cabía esperar, ha sido que tras cada una de las elecciones que han hecho perder el poder a un determinado partido, el entrante se ha dedicado, como tarea prioritaria, a elaborar una nueva Constitución con su punto de vista político sin considerar que la Constitución de cualquier estado es para todos sus súbditos y no para unos pocos. Eso explica, en parte, el gran número de Cartas Magnas que ha habido en la historia de España: 1812, 1837, 1845, 1869, 1876, 1931 y 1978. Como comparativa nos puede servir el caso de Estados Unidos donde está vigente, aún, la primera Constitución que aprobaron 1787 aunque, eso sí, con numerosas enmiendas.
Las únicas Constituciones que fueron elaboradas por consenso de todas las fuerzas políticas del momento fueron: en parte la de 1876 y sobre todo la de 1878. Eso explica que sean las dos que más tiempo han estado vigentes en España: la de 1876 hasta 1923 (47 años) y la de 1978 que ya lleva 42. De aquí se desprenden dos grandes lecciones: 1ª) La necesidad/conveniencia de que una Constitución debe ser un marco de actuación que permita el gobierno de cualquier partido político. Es decir, un traje en el que quepan todos o mejor se adapte a las medidas de todos. Condición que cumple, sobradamente, la de 1978; 2ª) Toda Constitución debe ser, algo así, como el marco que sostenga el cuadro de una pintura, con el fin de que las líneas y los colores de la misma puedan variar su intensidad o calidad pero sin afectar a la esencia del cuadro. Eso, para el caso de la Constitución de 1978, son, entre otras: la unidad de España, la monarquía parlamentaria, el Estado de las Autonomías, la independencia del poder judicial, la garantía de las libertades y de los derechos individuales incluido el de educación….
Si alguno de esos aspectos esenciales se varía o se quiere variar debe hacerse con consenso entre todas las fuerzas políticas con representación popular suficiente y digo representación popular porque los grupos parlamentarios no siempre responden a esa representación popular por distintas circunstancias: es el caso de los grupos vascos y catalanes que están sobredimensionados en las Cortes con respecto a la población que representan. Y máxime teniendo en cuenta que la Constitución de 1978 fue sometida a referéndum.
Junto con esta amplia introducción queremos plantear otra cuestión que resulta también novedosa en nuestros días: nunca ha ocurrido en la historia de España, y, hasta donde se me alcanza, en la historia del mundo que una Constitución quiera ser minada en sus pilares esenciales desde el propio gobierno que precisamente está gobernando por esa Constitución vigente. Ataques que no se pueden deber sino a la intención de romper ese consenso que gestó la Carta Magna del 78 y establecer otro nuevo y distinto, pero hecho a hurtadillas y sin luces y taquígrafos.
Los ataques desde el Gobierno a la Constitución son, para mi y creo que para la mayoría de los españoles, un hecho notorio y digo con intención desde el Gobierno y no de una parte del Gobierno, porque si esto fuese así, inmediatamente que uno desbarrase sobre el particular, el responsable del Gobierno debería aclarar con rotundidad que esa es una postura personal y no del Gobierno. Cosa que no está ocurriendo en estos momentos en España, por lo que considero que es de aplicar aquel refrán de que “el que calla, otorga”, y, por tanto, si un miembro del Gobierno dice que vamos hacia una república que sustituya a la monarquía parlamentaria actual y esa afirmación -que no es baladí- no es desmentida por el presidente del Gobierno se ha entender que esa es la opinión de todo el gabinete, o por qué si no, ¿cuando otro ministro dice que vamos a hacer, digamos por caso, una carretera esa afirmación no es solo suya sino de todo el Gobierno?
Si esto es así, es una absoluta novedad y no precisamente buena. Un Gobierno es un conjunto, aunque esté formado por la coalición de varios partidos, y no se puede entender ni aceptar que, precisamente en temas de tanta enjundia como los comentados, los ministros de un determinado gobierno hablen y digan cosas que no quiere ese gobierno y si lo hacen deben ser rectificados o cesados y si no ocurre ninguna de las dos cosas necesariamente habremos de pensar que esas ideas son las del Gobierno.
Juan Antonio Callejas Cano
- Diputado nacional por Ciudad Real
- Grupo Parlamentario Popular
- Portavoz del Partido Popular en la provincia de Ciudad Real.
@jacallejascano
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