Al Gobierno le ha estallado la ley del «sí es sí» de Irene Montero en las manos. Tras desoír los informes del CGPJ que alertaban de una posible rebaja de penas, que es lo que al final ha sucedido, el PSOE se abrió en la tarde del martes, por boca de María Jesús Montero, a una modificación parlamentaria de la ley para corregirla. Lo hacía tras la «avalancha de revisiones a la baja» que han denunciado los tribunales. El anuncio del sector socialista irritó al Ministerio de Igualdad que, por boca de Victoria Rosell, arremetió contra la ministra de Hacienda.
El encargado de intervenir ha sido el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez desde Bali, donde ha asistido a la cumbre del G20, ha hecho justicia salomónica y ha pedido «ver cuál es el desarrollo que le dan los tribunales«. El jefe del Ejecutivo ha confiado en que tengan «esa sensibilidad» con «los delitos tan graves de agresión sexual».
Es decir, tras las sentencias de los juzgados provinciales, Sánchez esperará a que sea el Supremo «y la Fiscalía» los que creen unas jurisprudencia y «unifiquen una doctrina para extraer conclusiones». Con esta declaración, el Gobierno rechaza entrar a modificar la norma en el Congreso, tal y como dejaba caer en la tarde del martes el PSOE.
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Sánchez ha defendido la norma de Irene Montero, pese a que muchos magistrados la califican como «chapuza jurídica». «La voluntad y la finalidad de esa importante ley ha sido la de proteger a las mujeres y extender como agresión sexual cualquier tipo de delito sexual», ha afirmado el presidente del Gobierno. «Eso no ocurría hasta que se aprobó esta importante ley», ha recalcado pese a que ya son cuatro los violadores a los que se les han rebajado las penas.
Sin despejar la incógnita de la malversación
El presidente del Gobierno tampoco se ha querido mojar en las enmiendas de ERC que van a registrar para modificar la malversación. «Desconocemos cuáles son esas enmiendas de los grupos parlamentarios«, ha afirmado mientras ha pedido «no hablar en abstracto» y ha asegurado que verán «cuáles son las enmiendas» y las estudiarán.
Sánchez ha afirmado hasta en dos ocasiones que heredó «un problemón de convivencia en Cataluña». A juicio del presidente «hay que dar un paso más entre la convivencia de los catalanes» y ha prometido que «el Estado de derecho no se va a desmantelar». En contra de lo que dicen sus socios, ERC y Podemos, que hablan de «derogación del delito de sedición», Sánchez afirma que «estos delitos siguen tipificados pero se asemejan a otros países».
