Luis Medina ha asegurado que no tiene ninguna intención de defraudar nada “Estoy haciendo todo lo posible para evitar el alzamiento de bienes. No hay ni un solo euro en el extranjero”, ha aseverado en su declaración por la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de mascarillas, guantes y test Covid.

El hijo de Naty Abascal ha declarado cerca de media hora y solo ha contestado a las preguntas del juez, negándose a contestar al fiscal y las partes. Medina ha reconocido que se puso en contacto con un primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para conseguir un contacto fiable dentro del Consistorio para intentar negociar contratos de abastecimiento de material sanitario durante los primeros meses de la pandemia. En relación a la comisión que cobró, ha dicho que era “normal” en el mundo comercial, en la misma línea que manifestó ante su declaración con el fiscal Anticorrupción. Además, ha manifestado que el porcentaje lo fijó el empresario malayo proveedor del material y que las comisiones dependían de cómo iba la operación, sin fijarlas a principio.

Medina está acusado de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales y alzamiento de bienes por cobrar, junto con Alberto Luceño, cerca de seis millones de euros de un contrato de suministro de mascarillas, guantes y test de 11 millones en total.

En los últimos días el magistrado del caso se ha encontrado con un problema añadido: en las cuentas de los empresarios no hay dinero suficiente para asegurar las responsabilidades económicas que se les podrían imponer. Por eso ha reclamado casi 900.000 euros de fianza a Medina y le ha imputado el delito de alzamiento de bienes.

Por su parte, Luceño ha apuntado que no sabía que iba a ganar hasta que cerraron la operación. En esta línea ha aseverado que su intención era “ayudar al Ayuntamiento” y “cobrar mi trabajo”. El juez Adolfo Carretero ha retirado el pasaporte a Luis Medina y a Alberto Luceño y les ha impuesto la obligación de comparecer ante el juzgado cada 15 días. Las acusaciones populares en nombre del PSOE, Podemos y Más Madrid habían solicitado la retirada de pasaporte y acudir a firmar al juzgado cada quince días. El Ayuntamiento de Madrid y la Fiscalía no han solicitado la adopción de medidas cautelares.