Después de que la presidenta balear, Francina Armengol (PSOE), firmara un decreto para prohibir la reunión de personas que no convivan entre síun total de 4.000 personas se concentraron ayer frente al Consolat de la Mar, sede del Gobierno autonómico. La concentración fue creciendo y se fue tensando, provocando cortes de tránsito y poniendo en alerta a los agentes antidisturbios.

Al grito de «Armengol dimisión» y duras increpaciones contra la presidenta balear, los manifestantes han desafiado la prohibición de la Delegación del Gobierno en las Islas, que ilegalizó esta protesta, solicitada por el dueño de un bar y agitada en las redes sociales en los últimos días.

Pese al veto, decretada por el gobierno socialista alegando que la concentración pone en riesgo la salud pública, los manifestantes han mantenido su protesta. Tal ha sido la afluencia de gente, que han llegado a cortar el tráfico de dos de las principales arterias de Palma, el Paseo Marítimo y las Avenidas. El tráfico ha estado colapsado durante cerca de media hora en alguno de estos puntos neurálgicos de la ciudad mientras de forma cada vez más tensa se sucedían las consignas reclamando «libertad» y exigiendo la dimisión de la presidenta balear.

Entre los manifestantes se han escuchado acusaciones por el conocido episodio del pasado otoño, cuando la presidenta fue sorprendida en un bar de copas de madrugada mientras en sus discursos públicos ella pedía evitar las salidas nocturnas y los actos sociales. Armengol pidió entonces perdón a regañadientes, pero no se produjo ninguna dimisión. Los manifestantes han coreado en numerosas ocasiones el lema: «No es presidenta, es una borracha».

La protesta es eminentemente popular, no contaba con respaldo político y fue convocada inicialmente por el dueño de un bar, cundiendo como un reguero de pólvora en las últimas horas en las redes sociales. Ha ido creciendo con fuerza entre el sector de la restauración. No en vano, este es uno de los más golpeados por las políticas sanitarias del Gobierno socialista balear, que lleva semanas imponiendo un toque de queda, limitando la actividad de la hosteleria y que ha cerrado durante todo el mes de enero bares y restaurantes de Mallorca e Ibiza.

Los manifestantes han pedido «libertad» y acusan al Govern balear de hacer «pagar el pato» de la pandemia a sectores estratégicos como el de la hostelería, «negando ayudas» y abandonando este sector. «No hay derecho, no podemos más y se nos señala como culpables», explicaban algunos de los manifestantes.

En su marcha, han rodeado el Ayuntamiento de Palma, el Ayuntamiento y la sede del Tribunal Superior de Justicia, protagonizando escenas de alta tensión, arrojando algunos objetos contra las ventanas y obligando a los funcionarios a recluirse con las puertas cerradas.

Todo esto ocurre cuando Baleares sigue sumando muertes y contagios por la Covid-19. Siete fallecidos en las últimas 24 horas y una tasa de positividad del 13%, muy por encima de los umbrales fijados por las autoridades sanitarias.

Armengol, que esta mañana había programado una visita oficial a una localidad a 50 kilómetros de la capital en el horario de la manifestación, se ha limitado a señalar que «es normal que haya quejas y demandas, pero dentro de un orden».

El Gobierno ha anunciado que impondrá sanciones a los organizadores de la manifestación, que había sido denegada por motivos de salud pública.

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