El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley destinada a reformar el sistema judicial en España. La propuesta busca restringir la capacidad de partidos políticos y asociaciones vinculadas a ellos para ejercer la acusación popular, así como derogar el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos. Estas medidas forman parte de un paquete de reformas que también incluye cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), según anunció previamente el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Objetivo de la reforma: evitar abusos judiciales
Según explicó el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, la reforma pretende garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a lo que califica como «acciones judiciales abusivas». En particular, el PSOE argumenta que la implicación de partidos políticos y asociaciones afines en acusaciones populares ha derivado en un uso indebido de los procesos penales, a menudo basados en pruebas insuficientes o en indicios débiles como recortes de prensa.
La proposición busca incorporar a la legislación española la doctrina del Tribunal Supremo, que limita la apertura de procesos judiciales basados únicamente en noticias periodísticas sin pruebas adicionales que las respalden.
Restricción de la acusación popular
La figura de la acusación popular permite a cualquier ciudadano o colectivo personarse en un proceso judicial, incluso si no es parte directamente afectada, como una herramienta para promover el interés general y fiscalizar el sistema judicial. Sin embargo, la propuesta del PSOE limitaría esta capacidad cuando se trate de partidos políticos o asociaciones vinculadas a ellos, bajo el argumento de que su participación en este tipo de procesos podría derivar en politización de la justicia.
Esta medida se presenta en un contexto en el que el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enfrenta casos judiciales abiertos por diversos actores políticos. La iniciativa ha generado críticas de algunos sectores que la interpretan como un intento de restringir la capacidad de control sobre el poder político.
Supresión del delito de ofensas religiosas
Otro punto destacado de la proposición es la eliminación del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, recogido en el artículo 525 del Código Penal. Este delito ha sido objeto de controversia en España, ya que algunos consideran que su mantenimiento vulnera la libertad de expresión al proteger exclusivamente un ámbito ideológico, el religioso.
La propuesta del PSOE se alinea con una corriente de opinión que aboga por la despenalización de actos que puedan resultar ofensivos para ciertos colectivos religiosos, argumentando que deben abordarse desde una perspectiva de derechos civiles y no a través del ámbito penal.
Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
El ministro Félix Bolaños ya había adelantado que el Gobierno tenía intención de aprobar este año una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que reemplazará a la actual, vigente desde 1882. Entre los cambios más significativos, se encuentra la atribución de la instrucción de causas penales a la Fiscalía, un papel que hasta ahora desempeñaban los jueces de instrucción.
Este cambio busca modernizar el sistema judicial, alineándolo con modelos europeos donde la Fiscalía, como órgano especializado y jerárquico, se encarga de la investigación penal bajo principios de imparcialidad. Sin embargo, la medida ha generado debate en torno a la posible falta de independencia de la Fiscalía, al estar jerárquicamente subordinada al Gobierno.
Críticas y reacciones
La proposición ha suscitado reacciones mixtas. Desde sectores de la oposición, como el Partido Popular y Vox, se ha acusado al PSOE de intentar blindar al Gobierno de Pedro Sánchez frente a investigaciones judiciales impulsadas por la oposición o por entidades críticas con su gestión. Consideran que limitar la acusación popular es un ataque a la separación de poderes y al derecho de la ciudadanía a participar en el control del poder.
Por otro lado, organizaciones defensoras de los derechos civiles han mostrado apoyo a la derogación del delito de ofensas religiosas, señalando que su existencia no es compatible con un Estado laico y con los estándares de libertad de expresión.
Un paso hacia la modernización o un movimiento estratégico
El PSOE argumenta que estas reformas son necesarias para modernizar el sistema judicial y proteger los derechos fundamentales frente a abusos procesales. Sin embargo, las implicaciones políticas y sociales de esta propuesta están lejos de ser neutrales.
A medida que se avance en el debate parlamentario, será clave observar cómo se articulan las distintas posiciones y qué ajustes se introducen en el texto para equilibrar la protección de los derechos fundamentales con la garantía de independencia judicial y la transparencia en los procesos políticos.
