La violencia vicaria contra niños y niñas es la más cruel de las violencias machistas. España ha dado en los últimos tiempos pasos de gigante para proteger a menores de los maltratadores de sus madres, pero aún queda trabajo por hacer. Con el objetivo de ampliar a la protección de hijos e hijas en situación de riesgo extremo, el Poder Judicial ha propuesto utilizar dispositivos de control telemático para garantizar que el agresor no se les acerque.

En España, casi 3.000 víctimas de violencia de género en riesgo alto de ser agredidas por su pareja o expareja llevan estas pulseras de geolocalización como medida de seguridad para garantizar que no se quebrante la prohibición de aproximación. Desde 2009, más de 12.000 mujeres las han portado y en ninguno de estos casos se ha perpetrado contra ellas un ataque mortal. Son un instrumento útil, aunque su tecnología debe afinarse.

Ahora, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial ha puesto encima de la mesa la posibilidad de utilizar dispositivos de control también para proteger a los hijos e hijas de las víctimas. Plantea el Observatorio que se indague en la creación de nuevas categorías de dispositivos que se adapten a su edad, capacidad y desarrollo.

En agosto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado habían detectado a 913 menores en situación de riesgo de violencia vicaria: 5 en riesgo extremo; 90, alto y 818, medio, según los datos del sistema policial de seguimiento de víctimas VioGén. Desde 2013, 47 niños y niñas han sido asesinados por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres en crímenes vicarios.