Una mujer vota en una mesa electoral del Colegio La Inmaculada-Marillac, a 4 de mayo de 2021, en Madrid (España). Un total de 5.112.658 madrileños están llamados a las urnas hoy 4 de mayo, lo que supone 53.406 más de los que fueron convocados en los comicios autonómicos de 2019, según el censo electoral reflejado en el INE, recogido en los 179 municipios de la región. Para estas elecciones se han constituido 7.265 mesas electorales en 1.084 locales. 04 MAYO 2021;4M;ELECCIONES;COMUNIDAD DE MADRID;ASAMBLEA DE MADRID;PRESIDENCIA;VOTOS Jesús Hellín / Europa Press 4/5/2021

6 meses de prisión a la secretaria del Ayuntamiento de La Oliva en Fuerteventura por excluir de una mesa electoral a un ciudadano por llamarse Alí Mohamed. La funcionaria consideró que el ciudadano no iba a entender bien la lengua y “podía dar problemas”, a pesar de ser español.

6 meses de prisión y 2.700 euros

Por ello, la sentencia inicial contemplaba una condena inicial de 16 meses de cárcel, suspensión de su empleo público y 7.200 euros de multa al considerar que los hechos eran constitutivos de una grave infracción: utilizar su condición de interventora municipal para impedir a un ciudadano ejercer sus derechos. Sin embargo, el Tribunal entiende que sólo cometió un delito electoral. Tras la apelación se ha reducido a 6 meses de cárcel y una multa de 2.700 euros.

Asimismo, los magistrados manifiestan que formar parte del sorteo donde se designan las mesas electorales es “una facultad que tiene todo ciudadano que forma parte del censo electoral”, y explican que los ciudadanos perjudicados no han sido “debidamente identificados”, salvo en el caso de Alí Mohamed.

Exclusión de una mesa electoral por su nombre

Los hechos sucedieron el 27 de abril de 2015, cuando el consistorio canario supervisaba la elección de los miembros de las diferentes mesas electorales, algo que se lleva a cabo mediante sorteo informático.

Según explica la Audiencia durante dicho sorteo “resultaron en principio elegidos por la aplicación informática potenciales electores de nacionalidad española, pero con nombre y apellidos de origen no español. La acusada después de leer sus respectivos nombres y apellidos, proponía en voz alta su exclusión de la correspondiente mesa electoral, bajo el inconsistente y particular pretexto de que tales ciudadanos probablemente no conocieran bien la lengua española y podrían dar problemas en la celebración de las elecciones”.